Fueron instaladas mesas de trabajo a través de una Comisión Técnica Interinstitucional para atender las exigencias de las comunidades indígenas del sector IV Cuyuní.

A las 6:00 de la tarde del miércoles, fue levantada la tranca en la troncal 10 de Bolívar-vía que comunica con Brasil-, tras más de una semana de protesta iniciada por la comunidad San Miguel de Betania y la que terminaron por sumarse un total de 22 comunidades Pemón, Arawako, Akawayo y Kariña.

Aunque exigían la presencia del presidente Nicolás Maduro o un representante del Ejecutivo nacional, sostuvieron este miércoles un encuentro con el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri; y la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, donde acordaron establecer unas mesas de trabajo a través de una Comisión Técnica Interinstitucional para atender casos de salud, vialidad y alimentación.

"Para garantizar el cumplimiento de las exigencias aquí planteadas proponemos la instalación de mesas de trabajo con el Gobierno nacional en un lapso de 15 días, encabezada por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, con el apoyo, acompañamiento y seguimiento del gobierno regional, en la persona del Gobernador Justo Noguera Pietri (...) para vigilar y hacer seguimiento de lo acordado se nombra una vocería de las comunidades encabezada por el Capitán General y Capitanes del Sector Cuyuni", señala el acuerdo indígena.

Las comunidades que participaron en la protesta fueron Utamok, Sororopan, Santa Lucia de Inaway, Araimötüpü, Joboshirima, San Juan de Venamo, Patawaparu, Pawarupay, Aramene, San Miguel de Betania, San Flaviano, Warumapate, Apanao, San Antonio de Roscio, Paruruwaka, San Jose Km 16, San Martin de Turumban, Santa Maria de El Vapor, Kamaria, Soroma, San Luis de Morichal y La Cucharilla.

Recordaron que la protesta estuvo motivada a: la especulación de productos de primera necesidad, por parte de comerciantes del municipio Sifontes; cCobro de la venta de los productos básicos en oro; elevado precio de la tarifa del transporte terrestre en la zona; irrespeto de las autoridades legítimas en estas comunidades (Capitanes) de las comunidades por parte de las autoridades civiles, policiales y militares.

Asimismo, reclamaron los problemas para acceder al suministro de combustible en la estación de servicio; grave deterioro de la troncal 10, tramo Tumeremo - Km 88; inexistencia de entidades bancarias en las parroquias Dalla Costa y San Isidro del municipio Sifontes; invasiones de tierras indígenas; demora en el otorgamiento del Título de Propiedad Colectiva del Sector 4 Kuyuni; y presencia e invasión de elementos armados paramilitares.

Las comunidades indígenas exigieron el cumplimiento de precios regulados, así como una permanente inspección de establecimientos comerciales por parte de la Sundde y la libre circulación del cono monetario.

También solicitaron la apertura de agencias bancarias en comunidades indígenas piloto; activación de una estación de servicio para el sector 4 Kuyuni; operativos de distribución de alimentos en las comunidades indígenas; rehabilitación de la troncal 10, tramo Tumeremo-Km 88; reactivación de la Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Demarcación del Hábitat y Tierras indígenas "a los fines de lograr la entrega del título de propiedad colectiva del sector 4, Kuyuni, en un tiempo perentorio".

A su vez, exigieron una reunión con el Ministro del Interior, Justicia y Paz y el Alto Mando Militar para tratar y coordinar estrategias y acciones en materia de seguridad; lograr un acuerdo entre los comerciantes del municipio Sifontes y las comunidades para realizar operativos de venta de productos de la cesta básica a precios regulados y ventas programadas de alimentos en las comunidades indígenas, a través de Alimentos Bolívar.