“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía venezolana han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, señaló este miércoles Human Rights Watch.

Desde que se crearon las FAES, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos. Sus prácticas abusivas en comunidades de bajos ingresos coinciden con un patrón de denuncias generalizadas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante la denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que Human Rights Watch y la organización de derechos humanos venezolana Provea documentaron en 2016.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

En junio y julio de 2019, Human Rights Watch entrevistó a testigos o familiares de nueve víctimas de abusos cometidos por agentes de las FAES en Caracas y un estado en el interior del país, así como a abogados, activistas y periodistas que trabajaron sobre presuntas ejecuciones perpetradas por miembros de las FAES. Human Rights Watch también tuvo acceso a certificados de defunción en cuatro casos que coincidían con lo relatado por las fuentes y con señalamientos de organizaciones de derechos humanos venezolanas y medios de comunicación independientes. Los métodos utilizados por las FAES y las circunstancias de las ejecuciones en los casos que documentó Human Rights Watch son consistentes con el patrón identificado por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y por organizaciones de derechos humanos locales.

Cabe destacar que, desde 2016, casi 18 mil personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”. En efecto, el ministro del Interior, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017. Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7 mil personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del gobierno.

Aunque todavía nadie ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la oficina del Acnudh concluyó que “la información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

La oficina del Acnudh realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las FAES dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos en circunstancias en las que el uso de la fuerza letal no era necesario para preservar vidas. El organismo de la ONU concluyó que “habida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al Acnudh le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

En todos los casos de ejecuciones que investigamos, hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia. Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”. En algunos casos, los parientes dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción.

En un caso, los agentes aplicaron descargas eléctricas a un detenido, lo golpearon y patearon, y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica en la que habían rociado una sustancia química que le provocó picazón e inflamación en el rostro y la garganta. Dicho trato constituye tortura. Los agentes sostenían que el hombre había robado una motocicleta que pertenecía a la esposa de un comandante de las FAES, según contó el hombre a Human Rights Watch.

En seis casos documentados por la oficina del Acnudh, las personas asesinadas por las FAES eran opositores del gobierno o personas que se percibían como tales. Fueron ejecutadas por agentes de FAES durante redadas que tuvieron lugar tras protestas antigubernamentales. Muchas de estos reclamos, desde enero, han ocurrido en apoyo a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que objeta la legitimidad de la presidencia de Maduro. Esas ejecuciones se encuadran dentro del mismo patrón que la mayoría de las ejecuciones investigadas por Human Rights Watch y aquellas documentadas por la oficina del Acnudh.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas que varios organismos de seguridad vienen empleando hace años. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y fuerzas de policía de los estados.

En el marco de estas redadas hubo señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias. En noviembre de 2017, la entonces fiscal general de Venezuela indicó que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 500 personas durante estos operativos. Funcionarios del gobierno afirmaron en varias oportunidades que las víctimas eran delincuentes armados que habían muerto durante “enfrentamientos”. En muchos casos, testigos o familiares de las víctimas desmintieron estos señalamientos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez bajo custodia policial.

Human Rights Watch no encontró evidencias de que las autoridades judiciales venezolanas hayan investigado adecuadamente ninguno de los casos documentados. Muchas víctimas tienen temor a sufrir represalias si denuncian delitos o no confían en que en las autoridades lleven adelante investigaciones. En cuatro de estos casos, las autoridades judiciales o policiales no esperaron a la conclusión de una investigación formal para declarar que las víctimas eran delincuentes.

Autoridades venezolanas indicaron a la oficina del Acnudh que cinco agentes de las FAES fueron condenados por diversos cargos, incluido el de tentativa de homicidio, en relación con delitos cometidos en 2018. Además, 388 agentes estaban siendo investigados por delitos cometidos entre 2017 y 2019. No obstante, la oficina del Acnudh también informó que las “instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos”.

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y “proteger al pueblo” frente a “las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal”. El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016. Reverol responde directamente a Maduro.

En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo “¡Que viva el FAES!” y expresó su pleno apoyo “para el FAES en su labor diaria”.

Human Rights Watch compartió esta información con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien en febrero de 2018 inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para determinar si correspondía que la corte realizara una investigación exhaustiva. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la fiscal de la CPI que investigara posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela cometidos después del 12 de febrero de 2014. Más tarde, Costa Rica, Francia y Alemania sumaron su apoyo a este pedido.

“Estas ejecuciones por parte de las FAES son cometidas en el contexto de brutalidad sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que continúan impunes en Venezuela desde hace años”, señaló Vivanco. “La falta de independencia judicial no hace más que confirmar la cruda realidad de que no hay ninguna posibilidad de que hoy pueda haber rendición de cuentas por estos delitos en Venezuela”. (HRW)

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