En las sentencias anteriores del TSJ se ha esgrimido que al ser “delitos comunes” no corresponde el antejuicio de mérito, previsto en la Constitución para los ciudadanos que posean altos cargos.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) José Guerra, Tomás Guanipa (ambos del partido Primero Justicia) y Juan Pablo García (Vente Venezuela).

En dos sentencias de la Sala Plena del TSJ, a cargo de los magistrados Yanira Karabin y Marco Antonio Medina, se ordena a la asamblea constituyente que proceda a revocar la inmunidad de estos parlamentarios, como se hizo con otros 15 diputados que han sido vinculados a los hechos del 30 de abril y contrariando lo establecido en el artículo 200 de la Constitución.

En ese artículo se señala de manera taxativa que solo la Asamblea Nacional puede allanar la inmunidad parlamentaria de uno de sus miembros, previa solicitud del TSJ.

A los diputados se les imputan los presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”.

La sentencia no contó con el voto a favor de los magistrados Godoy y Mojica, según indicaron reportes de otros parlamentarios en Twitter.

Persecución institucional

Desde mayo se imputaron estos siete delitos a otros 15 diputados. El Ministerio Público los ha señalado de estar involucrados en los sucesos del 30 de abril, cuando un grupo de militares apoyado por el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, desconoció al régimen de Nicolás Maduro.

El primer señalado por estos hechos fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y presentado ante tribunales sin tener derecho a elegir sus defensores.

De este grupo, solo el diputado Zambrano (Acción Democrática – Lara) está apresado en una prisión militar en Fuerte Tiuna, el principal regimiento militar del país. Cuatro parlamentarios se encuentran en sedes diplomáticas de otros países, tres están exiliados, tres formalmente se declararon en resguardo y el resto siguen asistiendo a sus funciones como diputados bajo perfil.

Al igual que en las sentencias anteriores del TSJ, se esgrimió de que al ser “delitos comunes” no corresponde el antejuicio de mérito, previsto en la Constitución para los ciudadanos que posean altos cargos.

Mientras que al resto de los parlamentarios se les relacionó con los sucesos del 30 de abril; a Guerra, Guanipa y Brito se les acusa de avalar el nombramiento de Juan Guaidó y el resto de la junta directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero de este año, así como el resto de las decisiones del Parlamento venezolano con respecto a la usurpación del poder de Nicolás Maduro de la Presidencia.

La solicitud de enjuiciamiento fue hecha por el fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab. La primera data del 11 de junio, y es la que pesa sobre Guerra y Guanipa, mientras que la segunda solicitud data de este lunes, 12 de agosto, en contra del diputado García.

Rechazo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el TSJ es un “mero instrumento de la dictadura”, al emitir nuevas sentencias donde se ordena el allanamiento de tres nuevos diputados de la Asamblea Nacional.

Almagro recordó que “la inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución”.

La noche del domingo 11, la presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, hizo un llamado a Nicolás Maduro a respetar el mandato popular expresado a través del Parlamento venezolano.

Cuevas Barrón dijo que “cualquier ataque contra la Asamblea Nacional es un ataque a la democracia. Los parlamentos representan al pueblo, su pluralidad, ningún gobierno puede sustituirlo”. (Tal Cual)