El documental del Foro Penal Venezolano retrata cómo nació esta ONG, a partir de las violaciones de derechos humanas desde 2002 con Hugo Chávez en el poder.

“Defender los derechos humanos en Venezuela es un acto de rebeldía (...) pero la peor violación de derechos humanos es la indiferencia”. Estas fueron las palabras de Roberto Delgado, uno de los colaboradores del Foro Penal Venezolano, durante la presentación de la película documental Que se haga justicia.

Este documental retrata parte de las más de 12 mil detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos contra venezolanos, desde el 2002 cuando Hugo Chávez Frías estaba en el poder, y que recrudecieron con la llegada de Nicolás Maduro en la Presidencia.

Es así como nace esta ONG, que por la defensa de los derechos humanos, también se han convertido en perseguidos del régimen.

El documental incluye testimonios de los directores Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, así como expresos políticos, quienes ofrecieron detalles de lo vivido al momento de su aprehensión, y luego en su encarcelación. Entre ellos está Vazco Dacosta, José Santamaría, Julio César Rivas y Lizbeth Añez, mejor conocida como mamá Lis.

Todos estos hechos tienen algo en común, además de ser víctimas del régimen, y es que esas detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos siguen impunes.

El material recordó también el caso de Franklin Brito, quien murió en huelga de hambre, reclamando una de las tantas expropiaciones hechas por Chávez, el mismo que en cadena nacional anunció una ola de despidos arbitrarios en Pdvsa.

En el caso del estado Bolívar se recordaron casos como el de Xavier Beckles, un joven con síndrome de Asperger que en 2014 fue arrestado y maltratado por fuerzas militares.

En el 2017 fue el asesinato de Augusto Puga durante una represión de fuerzas policiales y militares contra el Decanato de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar.

Ese mismo año fueron enviados al menos 11 jóvenes presos a la cárcel de El Dorado, en el municipio Sifontes, conocida por su alta peligrosidad.

No hay que olvidar que entre las más de 12 mil detenciones arbitrarias, el 23 de enero de este año fue apresado Jickson Rodríguez, de 14 años de edad, y quien sufre de epilepsia.

Fue el adolescente quien reveló cómo fue agredido, principalmente por militares mujeres, golpeado en los pies y en la cabeza, a pesar de su condición. Por esas vejaciones no hay ningún funcionario detenido, pero, en cambio, su madre fue privada ilegítimamente de su libertad en una supuesta redada en el sector donde vive, y luego acusada de haber manipulado -junto a periodistas- a su hijo para que diera aquellas declaraciones.