Un grupo de organizaciones no gubernamentales se unen para exigir el fin de la represión que asesinó cinco personas el fin de semana pasado. Correo del Caroní lo respalda, suscribe y publica íntegro a continuación.

Queremos expresar nuestro profundo pesar y condolencias a familiares de víctimas de las masacres de Kumarakapay y de Santa Elena de Uairén, ocurrida durante los días 22 y 23 de febrero del 2019. Tres indígenas pemones: Zoraida Rodríguez, José Elsey Pérez Márquez y Kleyver Pérez; y dos no indígenas venezolanos José Hernández y José Barrios Carrasco, fueron asesinados por armas de fuego, en el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, por parte del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana. Afirmamos nuestro compromiso para lograr justicia y que no haya impunidad en este crimen de Estado.

Saludamos las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) MC-181-19, que obligan a Venezuela a proteger y garantizar la vida e integridad de indígenas pemones y comunidad de San Francisco de Yuruaní, Kumarakapay. Abogamos por su estricto cumplimiento por parte de Nicolás Maduro, del general Vladimir Padrino López, de Tarek William Saab, de Alfredo Ruiz y de Justo Noguera, así como militares y policías nacionales a cargo de las operaciones en Santa Elena de Uairén, Maurak y sus alrededores.

Sin embargo, denunciamos que la represión y el hostigamiento contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantienen. 58 personas han sido detenidas (16 indígenas pemones, 4 adolescentes, 20 de ellos aún sin presentación y tras las rejas en el Fuerte de Escamoto). El Hospital General en Brasil reportó que había recibido 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad, entre el 22 y el 24 de febrero.

Persecución contra líderes indígenas

Hemos recibido graves denuncias de allanamientos ilegales, por parte de la PNB junto GNB, en casas, comercios de Santa Elena de Uairén, San Antonio de Morichal, Caño Amarillo, el Mercado Municipal, buscando a través de listas que los señalan como disidentes a indígenas y no indígenas, sembrando el miedo entre la población y obligándolos a huir o a migrar forzosamente. Hemos documentado casos de al menos 9 personas: una familia de madre pemón y padre no indígena, con 2 hijos pemones; 2 adultos pemones y 3 no indígenas que no han podido regresar a sus casas ni comunidad por estar amenazados. A lo cual se suma el alcalde del municipio Gran Sabana, el indígena pemón Emilio González, legítimamente electo por votación popular, que junto a su familia ha recibido amenazas graves para su integridad, libertad y vida. Se han instalado ilegalmente alcabalas utilizando tanquetas y con efectivos de la GNB, interrumpiendo el paso vehicular y peatonal. La última, este viernes, a partir de las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, en San Antonio de Morichal, requisando a todos los vehículos y personas que transitaban por la zona. Actualmente existe un estado de persecución y represión por razones de discriminación política, violando derechos fundamentales que ponen en riesgo su libertad, integridad y vida.

Violación del derecho a la asistencia médica y acceso a alimentos

Hasta el 1 de marzo de 2019, el Hospital Rosario Vera Zurita se encuentra tomado por efectivos de la GNB y de la PNB, limitando y negando el acceso y estableciendo un control de pacientes y familiares. No permiten el paso a periodistas ni asistencias humanitarias o religiosas, negando el acceso a información de pacientes y su condición.

A la fecha no es posible corroborar cuántos heridos fueron atendidos o cuántos aún permanecen producto de las acciones del 22 y del 23 de febrero. Por otra parte, quienes necesitan atención son obligados, por temor a represalias, detenciones o maltratos, a tener que trasladarse a Pacaraima a pie para poder tener acceso a atención médica, lo que violenta el ya mermado acceso a la salud. La toma policial y militar del Hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén debe cesar de inmediato: urge el retiro de oficiales que permita retomar la normalidad y el acceso abierto y sin restricciones de todas las personas a sus instalaciones.

Advertimos que la red de suministros de alimentos de Santa Elena de Uairén y comunidades aledañas, así como de medicinas e insumos, dependen en su totalidad del flujo e intercambio con Pacaraima, Brasil. El intercambio de frontera permite el acceso a bienes para garantizar derechos fundamentales que, debido a la emergencia humanitaria compleja, no existen en Venezuela. El cierre de la frontera está agravando de manera muy acelerada la situación en las zonas fronterizas. Los alimentos comienzan a escasear y los precios aumentan afectando a los más vulnerables. Indígenas pemones, por la persecución y el miedo, no han podido llevar lo generado en sus conucos a los centros de intercambio comercial afectando el ciclo y sobrevivencia del sector. Urge la apertura de la frontera para no recrudecer los efectos de la emergencia humanitaria compleja en la zona.

Abuso de poder en territorio indígena

El día 27 de febrero de 2019, de manera violenta, un contingente de la GNB lanzando bombas lacrimógenas y perdigones tomó el aeropuerto de Santa Elena de Uairén. Sus instalaciones se encuentran dentro de los linderos de Maurak y Turasen, en territorio indígena pemón, y junto al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), indígenas participan en el control, administración y custodia del mismo. Detuvieron ilegalmente a un ciudadano que, al identificarse y corroborar que no era indígena, dejaron en libertad y a 3 indígenas pemones, Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, hijo del cacique pemón Jorge Gómez del sector VI de Santa Elena de Uairén. Los 3 fueron trasladados al Fuerte de Escamoto, y luego a la Comandancia de la GNB en la avenida Mariscal de Sucre. Allí fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos. Según testimonios fueron golpeados con palos, les propinaron patadas, les lanzaron picante, y les aplicaron electricidad. Los sometieron a amenazas, donde los acusaban de ser parte de la Guardia Territorial Pemón y que por esa razón los iban a matar, que los incendiarían. Tras varias comisiones de diálogo entre el capitán y autoridades indígenas del sector VI de Santa Elena de Uairén con militares, fueron trasladados de nuevo al Fuerte de Escamoto y liberados alrededor de las 11:00 pm. Los 3 presentaron golpes, moretones, uno de ellos en el ojo. No pudieron ser trasladados al hospital por estar tomado por funcionarios de la PNB y GNB. En la madrugada fueron llevados al hospital de Paracaima en Brasil.

Los activistas exigimos

Condenamos el asesinato de indígenas desarmados y en el ejercicio de la manifestación pacífica dentro de sus territorios ancestrales y bajo su jurisdicción, y el sometimiento a torturas, tratos crueles y degradantes. Cuando se asesina y tortura a un miembro o líder tradicional de una comunidad indígena es un acto de agresión colectiva, tanto física como espiritual a toda la comunidad. Estos actos son inaceptables y tienen como objeto intimidar, atemorizar y lograr el sometimiento y desplazamiento forzoso de pueblos originarios. Así como dividir y fracturar sus organizaciones legítimas y el ejercicio pleno de su autonomía y jurisdicción en sus territorios.

Por tanto, exigimos:

- El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra indígenas o ciudadano(as), por parte de efectivos militares o policiales ni terceros. Consisten en crímenes de lesa humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.

- La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai (Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emilio González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardia Territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.

- El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.

- El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.

- La apertura inmediata de la frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la crisis humanitaria compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.

- La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.

- El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del Hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.

- A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.

Suscriben:

Causa Amerindia Kiwxi

Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos

Comité de Derechos Humanos de la Guajira

Correo del Caroní

Fundación Centro Gumilla

Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo)

Laboratorio de Paz (LabPaz)

Las Piloneras

Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru

Organización Indígena Intercultural Wainjirawa

Programa Venezolano de Educación acción en Derechos Humanos (Provea)

Revista SIC