La Intersectorial de Trabajadores de Guayana se pronunció por la muerte de dos jubilados, el día en que se disponían a retirar una caja del CLAP en la CVG.

Dos jubilados murieron esta semana, uno de Sidor y otro de CVG, cuando se disponían a retirar una caja de productos del CLAP entregada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Aunque los afectos al régimen rechazan algún tipo de relación entre estas muertes y la entrega de las cajas del CLAP, uno de los jubilados sufrió un infarto, tras una descompensación en plena cola, y el otro en un accidente de tránsito en horas de la madrugada, para llegar temprano a hacer su respectiva cola.

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) calificó la entrega de productos del CLAP como las cajas de la muerte, pues además de los dos fallecidos, otros jubilados y pensionados se descompensaron durante la espera, ya que el primer día de entrega no hubo previsiones ni atención médica suficiente.

“Compañeros que dieron su vida, hoy la pagan con una caja de la muerte. Los exponemos a que hagan colas extensivas para cobrar la pensión, a que pasen hambre porque no hay alimentos en los mercados, colas por gasolina o que salgan de madrugada para ir hacer una cola por una caja de la muerte, y los ponen en el sol para que queden deshidratados, sin alimentos, se descompensan y sucede lo que pasó con Alexis Becerra”, denunció Ángel Bolívar, trabajador de Sidor y miembro de la ITG.

“Rechazamos esta caja, no queremos más caja de la muerte”, agregó Bolívar, al tiempo que cuestionó que hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades de la CVG.

Noel Hernández, coordinador adjunto de la ITG, informó que la Intersectorial ejercerá acciones legales para lo que califica como una deshonra para los jubilados y pensionados de la CVG y sus empresas básicas.

A su vez, se refirió al juicio que pesa contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, cuya segunda audiencia se efectuó el pasado 16 de julio.

“Los abogados de Rubén González desvirtuaron categóricamente ante el tribunal militar las acusaciones que Fiscalía militar está haciendo. Incluso, uno de los testigos fue expulsado de la Guardia Nacional por ladrón, y ese testigo se desvirtuó y es el testigo de la agresión al centinela, lo que hace que ese delito tipificado en el código de enjuiciamiento militar se caiga”, detalló Hernández.

Agregó que de los testigos de Fiscalía ya se excusaron dos, para la próxima audiencia. Hernández afirma que esto se debe a que “no tienen argumentos ni peso jurídico (...) deben decretar la libertad plena de Rubén González porque no ha cometido ningún delito, sino defender a los trabajadores”.

El juicio contra Rubén González continuará el próximo 23 de julio. El dirigente sindical es juzgado por un tribunal militar y permanece recluido en la cárcel La Pica, en Monagas.

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